Tuesday, January 30, 2007

 

VALOR Y PRECIO DEL AGUA EN ALMERÍA.

Es evidente que en nuestra provincia y ciudad, el agua es un problema histórico por su escasez. El incremento demográfico ha llevado a la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos de los que tradicionalmente nos hemos venido abasteciendo, por lo que tenemos que servirnos de tecnologías que encarecen las infraestructuras de abastecimiento.
Evidentemente el agua en Almería no va a surgir por generación espontánea, por lo que en el futuro vamos a seguir dependiendo de tecnologías que nos aporten el agua que nos falta. Es pues importante que nos planteemos si pagamos lo que realmente vale el agua. Hasta ahora las desaladoras han sido financiadas por Administraciones distintas de la local –UE, Gobierno, Junta-, pero esta solución no es definitiva –mucho menos lo sería el trasvase desde el Ebro- y cuando terminen su período de vida útil, tendremos que recurrir a nuevas infraestructuras, o a la falta de agua. Esto nos obliga a plantearnos seriamente cómo lo podremos hacer, ya que evidentemente el resto de ciudadanos de la UE no van a pagarnos nuestras infraestructuras eternamente.
El hecho de que la concesión de la explotación se conceda a empresas privadas, conlleva que éstas obtengan unos beneficios que hemos de pagar los usuarios, otra cosa sería si esas empresas pusieran –pagaran- las infraestructuras. Un ejemplo lo tenemos en la concesión a la empresa Aqualia que se ha ampliado, a cambio de que modernicen las redes de aguas para consumo y de aguas residuales, o realicen nuevas canalizaciones como estamos viendo en La Cañada o El Alquián, y en las que Aqualia adelanta el dinero para construir sendos bulevares, que posteriormente con la cesión de la titularidad les pagará el Gobierno de Zapatero, ese es el “pulmón” que pone nuestro querido equipo de gobierno municipal.
Una solución viable sería incluir en el precio del agua la amortización de las desaladoras, con el objeto de que cuando termine su vida útil, tengamos el dinerito preparado para construir las que releven a las obsoletas, en lugar de incrementar el patrimonio de particulares y tener que sufragarlas vía impuestos –más o menos directos- o que las pague el Ayuntamiento “a pulmón” –vía impuestos o tasas-, puesto que las administraciones no generan recursos económicos de otra forma.
Aunque esto incrementara el precio del agua, el gestionarla desde el ámbito público podría significar un cierto abaratamiento que redundaría, al fin y al cabo, en el consumidor, que vería de cualquier forma cubiertas para siempre las necesidades de agua, sin depender de nadie más.

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