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Como miembros de la UE hemos de acatar la legislación europea y en materia de aguas, es la Directiva Marco del Agua a la que hemos de ceñirnos. Esta Directiva adopta el concepto de la recuperación completa de costes como directriz para tarificar el servicio del agua. A pesar de la aparente claridad de la idea, es un concepto un tanto confuso, pues la dificultad real consiste en la evaluación de la forma de recuperar esos costes.
Se ha entendido la tarificación como un medio de alcanzar un uso sostenible del agua, e instrumento para implementar el principio medioambiental de que “quien contamina paga”, pero el agua no es sólo un bien económico, es también un bien social.
Por otro lado, desde el punto de vista de la industria, la recuperación de costes se entiende como un balance entre ingresos y costes. Costes de infraestructuras, mantenimiento y reposición de éstas infraestructuras. Conocemos las tremendas pérdidas de agua que se sufren por las conducciones, pero la sustitución y optimización de las conducciones es un proceso caro e incómodo para el usuario. Por otro lado la DMA nos insta a la reutilización, pero no estamos mentalizados para que el circuito de agua sea cerrado, tendremos que duplicar conducciones para diversos usos, agua para consumo humano y aguas reutilizadas para riegos u otros usos. ¿Hay que primar los gastos de un mantenimiento que prolongue la vida de las infraestructuras, o es preferible invertir menos en mantenimiento y más en nuevas infraestructuras más modernas?
Pero el agua es un recurso esencial para la vida humana, por lo que ha de ser garantizado a todo el mundo, independientemente de sus condiciones económicas. Aquí surge otra contradicción, en la mayoría de municipios como es el caso de Almería, la gestión del agua se concede a empresas particulares que tienen sus intereses económicos.
Estas concesiones tienen la ventaja de las aportaciones de estas empresas, por un lado las infraestructuras y por otro los ingresos por el cànon de la concesión, además la experiencia ha demostrado que la gestión privada es más eficiente que la gestión pública, siempre que existan organismos públicos que regulen y fiscalicen esa gestión.
Es evidente que todos los costes de un servicio de agua de calidad hay que pagarlos, bien directamente mediante una tarificación real, o bien que las administraciones sufraguen parte de esos costes, pero ello significa que los segaríamos pagando los usuarios en parte mediante el recibo correspondiente, y la otra parte vía impuestos, esto me lleva a plantearme otra cuestión ¿Qué diríamos si se repercutiera en la tarifa el coste real del agua? ¿Es asumible políticamente esta posibilidad?
Mientras el equipo que dirige Don Luis Rogelio ha querido repercutir ese aumento en la tarifa dentro de varios años y diluir esa responsabilidad en el tiempo, el Grupo Socialista en un ejercicio de responsabilidad ha conseguido pactar un aumento progresivo asumible por el beneficiario del servicio y que se acerca más a la realidad.